Se realizó la II Cumbre Ibero Americana de los Ministerios Públicos de Trata de Personas

La II Cumbre Ibero Americana de los Ministerios Públicos contra la Trata de Seres Humanos, de la que participó el Ministerio Público Fiscal argentino, tuvo lugar la semana pasada en Santiago de Chile. En el encuentro, que tuvo como objeto definir estrategias de persecución penal internacional y protección a las víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral, sexual y tráfico ilícito de inmigrantes, estuvieron presentes los fiscales generales de Chile (Sabas Chahuán Sarrás, en calidad de convocante), España, República Dominica, Brasil, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Bolivia y Perú -miembros de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP)-. Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), representó a la Argentina. Colombo expuso en dos oportunidades y evidenció el compromiso del país en la lucha contra este delito. Primero en un plenario general, en donde informó sobre lo hecho por la Procuración General de la Nación y la UFASE en torno a la problemática en cuestión: plan de acción, instrucciones generales, cantidad de investigaciones preliminares abiertas y denunciadas, procesamientos dictados y sentencias en todo el país. La segunda exposición, en el marco de un taller de trabajo, estuvo orientada a lo realizado para mejorar los circuitos de detección, investigación y sanción de la trata con finalidad de explotación laboral. Como resultado de las discusiones en siete plenarios y siete mesas redondas, se firmó un Protocolo de Cooperación conjunta sobre temas inherentes a la problemática, como el intercambio de información de las víctimas respecto al país de origen -situación familiar y social, salida, proceso de captación-, al país de destino -ingreso, documentos, identificación de lugares de encierro y/o explotación, etcétera-, y al contacto con ellas a través de equipos especializados, acciones para el ejercicio de sus derechos e implementación de medidas de protección. Por propuesta de Argentina, se incluyeron en el documento tres ítems referidos a las actuaciones durante la investigación: profesionalizar el abordaje a las víctimas en el momento de su rescate utilizando profesionales interdisciplinarios distintos de los actores policiales y juridiciales (Res. PGN 94/09), e impulsar la investigación patrimonial del delito, embargo preventivo y decomiso (Res. PGN 99/09); profundizar las investigaciones judiciales para establecer responsabilidades de funcionarios públicos, y por último, incorporar a los procesos de formación de los encargados de la investigación del delito una perspectiva de género, que permita visualizar a la trata de personas con fines de explotación sexual como una forma más de violencia hacia la mujer.