La procuradora general de la Nación ordenó una auditoría
de la fiscalía de Orán el año pasado. Y hace dos meses informó los resultados a
los ministerios de Seguridad y Justicia, a la SEDRONAR, al gobierno de Salta y
al Consejo de la Magistratura, para trabajar en conjunto frente a la situación
de colapso por la elevada cantidad de casos de narcotráfico. Además, Gils Carbó
avanzó con decisiones propias para dotar de personal a la fiscalía y mejorar su
funcionamiento.
La procuradora general de la Nación informó al Poder Ejecutivo Nacional, al
Gobierno salteño y al Consejo de la Magistratura en el mes de septiembre, acerca
de la situación de colapso del sistema judicial de San Ramón de la Nueva Orán,
reflejada en una auditoría realizada sobre la labor de la fiscalía federal de
esa ciudad, cuyo mayor volumen de trabajo está ligado a casos de
narcocriminalidad. La auditoría había sido ordenada por la jefa de los fiscales
en septiembre de 2012, un mes después de que asumiera como titular del
Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La auditoría reflejó grandes dilaciones en la tramitación de las causas en el
Juzgado Federal de Orán, la falta de recursos humanos y materiales de las
fuerzas de seguridad que intervienen en la zona, la necesidad de dotar con
mayores recursos humanos a la fiscalía y de capacitar a sus trabajadores, la
imperiosa creación del juzgado y la fiscalía federerales de Tartagal -que
aliviarían el cuadro de sus pares de Orán- y la carencia de unidades
penitenciarias en zonas próximas, para albergar a las personas detenidas en los
procesos judiciales. Todo ello, describió la auditoría, en el marco de un
extensa y compleja jurisdicción de frontera.
El informe, realizado por tres auditores de la Unidad de Apoyo y Control de
Actuación Funcional de la Procuración fue aprobado por Gils Carbó mediante la
Resolución MP 1844/13 del 13 de septiembre pasado y remitido a los ministerios
de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico (SEDRONAR), al Gobierno de Salta y al Consejo de la
Magistratura.
Gils Carbó refirió que el informe "podría resultar de interés para el diseño
de políticas públicas a cargo de dichos organismos, o para la coordinación del
sistema de justicia de San Ramón de la Nueva Orán en orden a la implementación
de mecanismos de actuación conjunta relacionados, según el caso, con la temática
de la prevención de la drogadicción, narcotráfico, contrabando, control
fronterizo, la organización de las actividades de las fuerzas auxiliares,
policiales y de seguridad, o el proyecto de medidas penitenciarias y
sanitarias".
La puesta en conocimiento del informe al Consejo de la Magistratura, es "en
atención a las observaciones efectuadas en los expedientes relevados, respecto
de dilaciones en la instrucción que exceden notoriamente los límites que
razonablemente pueden admitirse en un proceso penal" y para la puesta en
funcionamiento del nuevo juzgado y de la nueva fiscalía federales de Tartagal,
indicó la procuradora general.
Mediante la resolución y en el ámbito de sus propias atribuciones, la
procuradora general ordenó el nombramiento de tres nuevos agentes para la
fiscalía federal, quienes se suman a otros dos designados dos meses antes.
También instruyó al fiscal general ante la Cámara Federal de Salta para que se
constituya periódicamente en la fiscalía de Orán con "el objeto de verificar la
subsanación de las observaciones funcionales efectuadas en el informe de
Auditoría y el cumplimiento de las observaciones" y para que tome "conocimiento
directo de los requerimientos que pudiese tener la dependencia".
Gils Carbó además ordenó a la Secretaría General de Administración de la
Procuración General que "se tomen los recaudos necesarios para otorgar" a la
fiscalía de Orán "una partida especial, dirigida a solventar los gastos que
demanden los traslados de los testigos que deban comparecer ante la sede y que
no cuenten con medios para ello".
Por otro lado, la procuradora general instruyó a la Secretaría General de
Coordinación Institucional para que implemente un curso de capacitación para los
agentes de la fiscalía de Orán sobre el uso del Sistema FiscalNet, el sofwarte
utilizado por todas las fiscalías del país que contiene en línea la información
sobre las causas judiciales y las investigaciones del Ministerio Público
Fiscal.
El informe de la auditoría también fue puesto en consideración del titular de
la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous, quien coincidió
con las recomendaciones formuladas y realizó consideraciones propias de su
especialidad. La creación de la Procunar en febrero pasado es posterior al
informe de auditoría y, desde su puesta en funciones, el organismo a cargo del
fiscal Crous monitorea la tarea de la fiscalía de Orán y realiza tareas de
asesoramiento.
La situación en Orán
La auditoría sobre la fiscalía federal de Orán fue ordenada luego de un
informe remitido por el entonces titular de la SEDRONAR, Rafael Bielsa, quien
transmitió su preocupación por la gran extensión y complejidad de la
jurisdicción y la reducida planta de personal e infraestructura del juzgado y la
fiscalía. La auditoría tuvo el objeto de "relevar el actual funcionamiento
general de la dependencia y, en particular, la relación de eficiencia entre el
trabajo que afronta y el personal -cantidad y cualificación- con el que dispone
para llevarlo a cabo".
Los auditores entregaron el informe el 27 de diciembre pasado y refiere el
contexto en el que los operadores del Ministerio Público Fiscal desarrollan su
labor. La fiscalía tiene competencia múltiple, es decir, en materia civil,
comercial, penal, del trabajo y administrativo en una vasta extensión
territorial, que comprende a los Departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia,
Santa Victoria e Iruya. Las ciudades de Aguas Blancas y Profesor Salvador Mazza
lindan con la República de Bolivia y la de Misión de La Paz con la de
Paraguay.
"Los límites internacionales repercuten fuertemente en la tipología de
delitos en los que debe intervenir la sede fiscal, ya que proliferan los delitos
relacionados con el narcotráfico, el contrabando, el uso de documentos
apócrifos, infracciones migratorias, trata de personas, violaciones al régimen
penal cambiario, tráfico ilegal de divisas, entre otros", indicaron los
auditores.
La situación es especialmente compleja por las características topográficas:
"la inaccesibilidad de muchas zonas, sea por la vegetación presente, la cantidad
de ríos que la atraviesan y la falta de caminos y/o rutas que comuniquen
espacios limítrofes del territorio nacional, complejizan la labor de prevención
y persecución delictiva", agregaron.
Por eso, los auditores remarcaron la puesta en funcionamiento del Juzgado
Federal y la Fiscalía Federal de Tartagal, dispuestas por la ley 26.707, que
escindiría los departamentos de Rivadavia y San Martín de la jurisdicción,
"podría venir a paliar, parcialmente, algunas de las dificultades
descriptas".
Una de las dificultades es el "elevado
índice de delegación de la instrucción" de las investigaciones en la
fiscalía, lo cual "determina que el porcentaje de causas que tramitan
directamente en la fiscalía alcance el cincuenta por ciento total de las
ingresadas en la jurisdicción". La auditoría señaló que "esta situación"
contribuye "a congestionar la labor cotidiana".
Ello ocurría mientras, al momento de la auditoría, el juzgado, con una
dotación declarada de 23 personas, casi triplicaba en personal a la fiscalía,
que contaba con nueve agentes.
En este marco, los auditores destacaron "el
problema que representa la nutrida cantidad de investigaciones" que "requieren
imperiosamente la realización de estudios periciales químicos". Esos estudios
están a cargo del Gabinete Científico de la Gendarmería Nacional, "que ve
soprepasadas sus capacidades reales para afrontar la tarea", ya que sólo los
peritos del Escuadron 20 de Orán "se encargan de la realización de los estudios
tendientes a determinar el grado de toxicidad del estupefaciente secuestrado",
para lo cual cuentan con un único aparato cromatográfico gaseoso.
El trabajo de la fiscalía
La auditoría también señaló "la existencia de sustanciales y alarmantes
atrasos en el trámite de los expedientes, con períodos de inactividad en un
altísimo porcentaje de las causas relevadas". Se encontraron casos de tardías
convocatorias a prestar declaraciones indagatorias, agregados de presentaciones
anteriores de las defensas, situaciones procesales irresueltas y hasta el total
abandono del trámite sin respuesta a los requerimiento de la fiscalía. El
informe señaló que, en este contexto, el promedio de demora en resolver un
pedido de excarcelación supera los ocho días corridos, cuando según la norma
procesal debe ser de 24 horas.
La auditoría criticó el criterio restrictivo del fiscal para conceder
excarcelaciones por "la falta de argumentos y razones para fundar su criterio o,
lo que es similar, la repetición de fórmulas o fundamentos meramente aparentes
que lo conducen a propiciar sistemáticamente y como habitual, lo que debería ser
excepcional: el encarcelamiento preventivo".
No obstante eso, señalaron los auditores que "existe una sobrecarga de tareas
que pesa sobre la dependencia que no es causada por una deficiente dedicación o
capacidad de los agentes, sino por otros factores" y, en ese sentido,
aconsejaron "arbitrar lo pertinente a efectos de reforzar la planta de personal
para remediar la situación y reducir la notoria desproporción" entre los
recursos del juzgado federal y los de la fiscalía
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