La Comisión interna de Judiciales del
Ministerio Público de la Nación-Procuración repudia la persecución a la
procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y hace públicos los
fundamentos de su posición:
1. Los nombramientos en la Justicia son
normalmente a dedo, históricamente el plantel de cada dependencia se forma
enteramente a voluntad de jueces y fiscales. Sin llegar a los extremos de profesiones como la de los
escribanos, el Poder Judicial siempre controló
férreamente la distribución de sus fuentes de trabajo. No se permite la
contratación de los propios familiares pero desde siempre existe un mecanismo
de lo más aceitado de intercambio de nombramientos entre los altos mandos.
Todos lo saben, todos participan de ello, tranquilamente, sin considerarse antiéticos
o irrespetuosos de los deberes de funcionario público. El hijo del fiscal de la
6 trabaja en la 2 y la amante del de la 2, en la 6. Parientes, esposas, jóvenes
promesas, recomendados por algún acreedor de favores personales, amigos, son
intercambiados entre las distintas sedes judiciales como billetes de una
caudalosa fortuna. Todos lo saben, porque todos lo hacen. Lo sabe el juez
federal Sebastián Casanello y, obviamente, también lo sabe el fiscal federal
Guillermo Marijuán, quien hizo lugar a la denuncia del senador radical Mario
Jorge Cimadevilla. Se puede hablar de hipocresía, de la Justicia al servicio
del poder o de decisiones políticas determinadas, parciales y militantes.
2. Hace menos de tres años, el titular de la
Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, decía claramente
que "la Justicia es el menos democrático de todos los poderes". Era
entonces un aliado del gobierno nacional, bregaba por una reforma judicial,
pedía "exámenes y concursos para que los trabajadores mas capacitados
accedan a los puestos de trabajo y no los amigos del poder". Denunciaba
que "Siempre hay que ser amigo de algún juez" y concluía: "Esto
es poco transparente, poco democrático".
Piumato ya no está cerca del gobierno, ni
sigue queriendo democratizar el ámbito en que se desempeñan los trabajadores de
su gremio, ni conserva el apoyo de sus representados. Su posición oscilante
demostró que valores e ideales pueden ser manipulados de acuerdo a la
conveniencia de la coyuntura política. Nuestro secretario general hoy arremete
contra la reforma que antes pedía porque está en la vereda de enfrente. Se
puede seguir hablando de hipocrecía, de sectores privilegiados por la Justicia
o de decisiones que son posicionamientos políticos.
3. El valor que enmarca de bondad el rechazo a
la democratización es el de la independencia de poderes, como un mantra se repite
el deseo de una Justicia separada de la política. Algo que no existe pero de lo
que procedimientos como los de Marijuán y Piumato son ejemplos de todo lo
contrario.
La Justicia no es igual para todos porque no
todos tienen las mismas posibilidades de acceder a ella. Pero, aun en igualdad
de condiciones, al ser administrada por hombres, sus decisiones dependen del
temperamento de cada magistrado en tal o cual circunstancia. Los nombramientos
por los que se cuestiona a la procuradora, Alejandra Gils Carbó, tienen
fundamentos legales para ser reprochados o perfectamente avalados, según la
parte de la letra que priorice el administrador de la ley. Puede, o bien, hacer
prevalecer la importancia del concurso, como uno de los métodos más
transparentes de nombramientos, o bien, puede anteponer la urgencia que tanto
necesita la Justicia argentina, pero lo que no puede es desconocer ambos
posicionamientos y sus fundamentos. Allí radica la evidencia de que este
episodio no es un trámite más sino que constituye un claro y grave ataque
contra la procuradora general de la nación, una persecusión, que la Comisión
interna de Judiciales del Ministerio Público de la Nación-Procuración no puede
dejar de repudiar enérgicamente, por constituir una manipulación vil en
perjuicio de todo el sistema judicial.
4. Gils Carbó constituye una parte importante
de la nueva matriz cultural que concibe necesario acercar la Justicia a la
ciudadanía, un cambio que intenta terminar con su lógica de herramienta para
las clases acomodadas. Pero no le perdonan haber llegado tras la renuncia de
uno de los hombres propios del ambiente, Esteban Righi, ni que se identifique
con las políticas oficiales que, entre otras cosas, proponen quitar a fiscales
y jueces el manejo de los puestos de trabajo a discreción.
Uno de los nombramientos rechazados es el del fiscal
Carlos Gonella al frente, nada menos, que de la flamante Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac). La oposición política actual, entre
los que debe contarse a nuestro secretario general, ha remediado su falta de
unión encolumnando todo su arco detrás de uno de sus actores más poderosos, el
Grupo Clarín, manejado por tres grupos económicos internacionales radicados en
paraísos fiscales, con lo que tiene argumentos
de sobra y genuinos para temerle a una mejor Justicia. Sus posturas
políticas representan los intereses privados de uno de los sectores en pugna de
la ciudadanía, pero las de Marijuán y Piumato, por ejemplo, deben velar por
intereses diametralmente opuestos, en función de los compromisos asumidos con
el bien común, las instituciones y el ámbito de lo público. Si se dejan de lado
los fundamentos básicos, no hay posibilidad ni de independencia ni de justicia
legítima.
UEJN - Procuración MPF
