La fiscalía de La Plata
realizó un informe sobre las tareas de investigación, en el cual sostiene la
necesidad de que otra fuerza de seguridad se sume a la pesquisa. Siguen 17
pistas y analizan más de 5 millones de llamadas telefónicas.
A pocas horas de cumplirse el
séptimo aniversario de la desaparición del testigo Jorge Julio López, la Unidad
Fiscal que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata se
encuentra abocada al análisis y entrecruzamiento de más de cinco millones de
llamadas telefónicas producidas en zonas aledañas al domicilio de la víctima
entre el 17 y el 18 de septiembre de 2006, tareas de las cuales se puedan
desprender elementos para averiguar su
paradero y el de los responsables de la desaparición.
Este trabajo "genera
expectativas reales y concretas de obtener resultados, tanto por el nuevo
análisis de las pistas subsistentes como también por la investigación dirigida
sobre las personas sospechadas conforme el flujo de comunicaciones existente al
momento de la desaparición de Jorge Julio López", señala la Unidad Fiscal
de La Plata en un informe remitido a la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, en el que también se refiere la necesidad de que una nueva fuerza de
seguridad se sume a las tareas investigativas que ya realizan las policías
Federal y de Seguridad Aeroportuaria.
La tarea de análisis de
llamados telefónicos que es la que más tiempo insume, se desarrolla en el
marco del seguimiento de 17 pistas -cada una, con diferentes sospechosos- abiertas
en torno a la búsqueda del testigo. En tanto, otras 34 pistas fueron cerradas
en los últimos cuatro años por no haber conducido a resultados positivos.
Esta información fue
detallada por el fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal platense, Rodolfo Marcelo
Molina, en un informe remitido al titular de la Procuraduría de Crímenes contra
la Humanidad, Jorge Auat, en el que se describe el derroterio histórico de la
causa y, principalmente, las tareas realizadas por el Ministerio Público Fiscal
desde el 18 de septiembre de 2009, cuando quedó a cargo de la dirección de la
investigación. Se trata de la misma fiscalía que interviene desde 2002 en todas
las instancias en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa
jurisdicción, con lo cual el caso López se sumó a la ya por entonces enorme
tarea vinculada a la tramitación de las causas por los delitos del terrorismo
de Estado.
El informe refiere que, en la
causa, la mayor parte de las tareas investigativas están a cargo de la
denominada "Comisión caso López" de la Policía Federal Argentina, a
la cual se le ha proporcionado una copia digitalizada del expediente
"instándola a examinar todas las pistas obrantes en la causa, con la
expectativa de que con su nuevo estudio se elaboraran y reconsideraran
propuestas de investigación". En ese sentido, indica el informe, la
Policía "comenzó a efectuar las tareas encomendadas por la fiscalía; todo
lo cual se visualiza en la sugerencia de nuevas medidas de prueba, sea con el
fin de profundizar ciertas hipótesis investigativas, para evacuarlas
simplemente, o para concluir con las mismas, desechándolas".
La Unidad Fiscal señala que
"si bien la tarea encomendada se está llevando a cabo debidamente por la
Policía Federal Argentina, la misma resulta poco ágil dado el escaso personal
involucrado en este trabajo".
Cruces telefónicos y de
fuerzas de seguridad
El análisis de los
entrecruzamientos telefónicos se vio demorado tras el apartamiento, en 2008, de
la Policía bonaerense. La fuerza provincial utilizaba para esa tarea un software
denominado VAIC, pero la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria, que
comenzaron a intervenir con mayor injerencia tras la salida de la bonaerense,
operaban con el programa informático I2.
De tal forma, se inició un
largo proceso de migración de los datos para operar con el nuevo software.
"Fue menester entonces recuperar tanto el 'crudo' de la información
aportada por las compañías telefónicas a la Policía Bonaerense, como los
consecuentes análisis, informes remitidos por las empresas telefónicas
directamente al Juzgado, todo lo que junto con la información sobreviniente fue
incorpórandose paulatinamente al nuevo sistema", explica la Unidad Fiscal,
y advierte que "para esta tarea, la digitalización del expediente
efectuada por la Procuración General de la Nación resultó substancial".
En ese sentido, la Unidad
Fiscal refiere que se reunió "la información recopilada en torno a cada
sospechado, todo número de abonado telefónico fijo y móvil habilitado a su
nombre durante septiembre de 2006, y toda comunicación entrante y saliente
vinculada a su respecto en aquel período; así, en cada hipótesis". La
dependencia platense del Ministerio Público Fiscal advierte que en cada caso se
investiga a más de un individio y que cada uno, en general, posee más de un
teléfono.
La reunión de esa información
también fue complicada. Las distintas operadoras telefónicas demoraron meses en
responder y el representante legal de una compañía celular hasta debió ser
intimado y convocado a la oficina de la fiscalía para que cumpliera con el
pedido.
Pero la Policía Federal y la
de Seguridad Aeroportuaria no trabajaron juntas. Cuando la PSA logró procesar
toda la información a mediados de 2011, la Federal no había concluido de cargar
los datos en el sistema I2.
Fue en este contexto que por
decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación dejó de actuar la PSA. La
Unidad Fiscal puntualiza en su informe que esa determinación "aparejó
numerosos inconvenientes" porque además de la "pérdida de
colaboración por parte de una fuerza criteriosa al momento de investigar como
la PSA, quedó demorado el curso de la investigación".
La Unidad Fiscal señala que,
de tal forma, debió requerir a la fuerza aeroportuaria toda la información que
tenía para remitirla a la Federal. Recién en marzo de 2012 la Policía Federal
terminó de cargar los datos, pero una vez que ello ocurrió empezó con
inconvenientes técnicos que no le permitían operar el sistema.
La vuelta de la PSA
En este contexto, la Unidad
Fiscal le solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que regrese a esas
tareas a la PSA. El 1° de noviembre del año pasado esa fuerza se reintegró a la
causa para realizar sólo las diligencias relacionadas con los entrecruzamientos
telefónicos.
Cuatro semanas después, la
PSA remitió un informe producido por el Departamento de Inteligencia Criminal
Aeroportuaria "detallando cómo se componía la base de datos operada
mediante el Aplicativo I2". Esa base de datos se estructura en campos
que registran la fecha de comunicación, la duración, la celda, y los abonados
de origen y de destino, con la titularidad y el domicilio. Cada dato surge de
diferentes antenas o centrales telefónicas y suman en total más de cinco
millones de llamadas. Precisamente, 5.009.777.
En este estado, refiere la
fiscalía, el 27 de agosto pasado requirió el entrecruzamiento de los llamados
realizados por los sospechosos investigados en tres legajos diferentes con
"las comunicaciones efectuadas el día de la desaparición de López en la
franja de 7.00 a 11.00 horas".
"Se vislumbra que la
labor planteada resultará prolongada en el tiempo, precisando de los mayores
esfuerzos de esta Unidad, no sólo por la previsión de numerosas reuniones de
exploración. Sino también, porque a la vez, un análisis exhaustivo genera
expectativas reales y concretas de obtener resultados, tanto por el nuevo
análisis de las pistas subsistentes como también por la investigación dirigida
sobre las personas sospechadas conforme el flujo de comunicaciones existente al
momento de la desaparición de Jorge Julio López. De allí que los eventuales
vínculos que puedan surgir entre personas ya sospechadas, y el caudal de
comunicaciones antes referido, podría devenir en indicios de gran valor
probatorio, al permitir 'situar' a aquellos en el lugar y momento de los hechos",
precisa el informe de la Unidad.
Etchecolatz y otras pistas
Por otra parte, la Unidad
Fiscal agrega que, por fuera de la causa judicial sobre la segunda desaparición
de Jorge Julio López, ha procurado la detención de todos los funcionarios
policiales denunciados en los cuatro testimonios judiciales que brindó el
testigo entre 1999 y 2006. Ello se logró recién en agosto del año pasado,
aunque algunos imputados oportunamente por López lograron la libertad porque se
les dictó falta de mérito.
Por otro lado, la fiscalía
informa que en otro de los legajos realiza tareas destinadas a localizar en el
país a una persona que -de acuerdo con información recogida- podría aportar
elementos a la causa.
La representación del
Ministerio Público Fiscal agrega que en la causa hubo "sucesivas
presentaciones del condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz", quien solicitó
declarar porque, según dijo, "tenía información y prueba para
aportar". Pero Etchecolatz no declaró nunca, porque en varias
oportunidades se negó a ser trasladado. Así, se le sugirió que virtiera sus
manifestaciones por escrito pero sólo aportó información que ya había sido
publicada por los medios.
Finalmente, otra de las
investigaciones en curso tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos
antecedentes están siendo estudiados con información requerida al Ministerio de
Defensa, pero, indica la fiscalía, "los resultados aun no se han
completado, dado que los envíos de legajos -desde la cartera ministerial y
desde el Ejército- se efectúan de manera esporádica". La Unidad Fiscal
refiere que "no ha podido acelerar la tarea pese a los insistentes
reclamos" porque sobre todo ha quedado "a merced de los tiempos que
la mencionada institución castrense (el Ejército) imprime, con la preocupación
que esto entraña".
El volumen y la historia
La causa que tramitó ante la
justicia provincial cuenta con cuatro cuerpos principales y cuarenta cuerpos de
anexos. En tanto, la investigación federal se compone de 42 cuerpos
principales, a los que a la fecha se le agregan 57 legajos, "en los que se
persigue una hipótesis investigativa autónoma en cada uno de ellos, y 64 anexos
integrados principalmente por transcripciones de intervenciones telefónicas;
legajos y anexos que a su vez se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos
de actuaciones que han sido y siguen siendo analizados por esta Fiscalía, sin
hacer mención de las hipótesis perseguidas en la causa principal".
De los 57 legajos con pistas
de investigación, 34 ya fueron cerrados, dado que "se han logrado evacuar
la totalidad de diligencias de prueba posibles" sin llegar a un resultado
positivo. De los 23 restantes, hay, actualmente, 17 legajos abiertos con pistas
autónomas de investigación. Ese número surge de de "la acumulación de
algunos de ellos, la remisión (de otros) a otras jurisdicciones por cuestiones
de competencia", como también porque "se han hecho las denuncias
correspondientes en los casos de encontrar irregularidades, que amén de
constituir presuntos delitos autónomos, han logrado en algún punto obstruir o
entorpecer la investigación, poniendo en peligro así la pesquisa".
El expediente tuvo su origen
el mismo día de la desaparición de López, el día 18 de septiembre del año 2006,
y la investigación de los hechos estuvo, en el comienzo, a cargo de la justicia
provincial de La Plata con la intervención de la Unidad Funcional de
Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial de La Plata.
El 14 de diciembre de 2006,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la solicitud de la
Unidad Fiscal de La Plata y dispuso que que la investigación quedaría a cargo
del juzgado federal. Así, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°3 de
La Plata, cuyo titular era por entonces Arnaldo Corazza.
Hasta el año 2008 la Policía
bonaerense actuó en la causa como principal encargada de llevar a cabo las
tareas investigativas, hasta que la Cámara Federal de La Plata ordenó su
apartamiento de esa función y calificó los hechos que afectaron a López como
"desaparición forzada".
La delegación de la causa en
la Unidad Fiscal ocurrió luego de que se inihibiera Corazza, y que remitiera
las actuaciones a su par, Manuel Humberto Blanco, a cargo del Juzgado Federal
N° 1 de la capital bonaerense. Blanco resolvió delegar en la fiscalía la
dirección de la investigación en los términos del artículo 196 del Código
Procesal Penal de la Nación, que otorga discrecionalidad a los jueces de
instrucción para delegar las investigaciones en el Ministerio Público o
continuar ellos mismos con la dirección del proceso.
